
Zapatero ha convertido al coche eléctrico en una «cuestión de Estado», como dijo recientemente el ministro de Industria, Miguel Sebastían. De hecho, lo ha incluido como uno de los ejes del Pacto por la Energía que está negociando —aunque hasta ahora sin demasiados avances aparentes— con el Partido Popular. También quiere poner en marcha durante su periodo de presidencia de la UE una estrategia europea común sobre este asunto, que podría incluir una aportación de fondos comunitarios.
El objetivo del Gobierno es que en el año 2014 circulen por las carreteras españolas un millón de coches de este tipo, lo que permitiría un importante recorte de las emisiones de CO2 que se generan en nuestro país. En la actualidad, el transporte terrestre es el responsable del 25% de las emisiones totales. España se encuentra muy alejada de los objetivos que se le marcaron en su día merced al Protocolo de Kioto y ésta sería una fórmula apropiada para remediarlo. Como nuestro parque móvil supera los 22 millones de turismos, supondría sustituir un 4,5% del mismo. Y todo esto puede ser sólo el comienzo. Algunas consultoras que están trabajando en este tema consideran que en el plazo de diez años el porcentaje de coches eléctricos podría llegar incluso hasta el 25%.
Dudas operativas
Una de las principales dudas «operativas» que plantea en estos momentos el coche eléctrico es dónde recargar las baterías con las que funciona y, sobre todo, si la actual red eléctrica tiene capacidad para soportar un millón de turismos «enchufados» al mismo tiempo. Agustín Delgado, director de Innovación de Iberdrola, responde a esta segunda incógnita. «Las redes de distribución eléctrica están capacitadas para absorber un millón de vehículos eléctricos. Sólo habría que realizar mejoras puntuales de las infraestructuras en algunos casos muy concretos».
Será necesario establecer unos puntos de recarga, donde el usuario pueda conectar el coche. El proceso convencional de recarga dura entre cuatro y ocho horas, aunque se están desarrollando también tecnologías que permitan una recarga rápida, más parecida al ejercicio que ahora supone poner gasolina en el coche. En esta línea, un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetss (MIT, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un proyecto, denominado «eLeven», para reducir el tiempo de recarga a tan sólo 11 minutos, plazo en el que el vehículo se abastecería de la energía suficiente como para recorrer 320 kilómetros.
Atractivo negocio
El factor tiempo condiciona de manera fundamental el despliegue de un mapa de puntos de recarga. Lo que se ha dado en llamar la futura red de «electrolineras» se presenta como un atractivo negocio a medio plazo y cada vez son más los agentes interesados en posicionarse.
Por un lado, las constructoras y las petroleras abogan por un modelo regulado, basado en concesiones públicas para la instalación de las infraestructuras de recarga necesarias para estos vehículos. Se podrían utilizar los estacionamientos públicos o el mobiliario urbano, espacios ambos en los que las constructoras y sus filiales concesionarias tienen una amplia presencia.
Este sistema puede que garantizase un despliegue rápido, pero evitaría el desarrollo de una alternativa que garantice la libertad del consumidor final. Las compañías se convertirían en meras intermediarias entre el usuario y el productor de la energía (las eléctricas), encareciendo el proceso.
Petroleras
Las petroleras, además, ante la pérdida de negocio que se avecina en el segmento de los combustibles, abogan por sustituir parte de las actuales gasolineras por «electrolineras», estaciones de servicios en las que el conductor, en lugar de poner gasolina en el vehículo, realiza una carga rápida de su batería eléctrica. El proceso, aunque todavía está en estudio duraría entre 10 y 30 minutos. Esta modalidad, según denuncian las eléctricas, podría provocar incidencias en el sistema, al incrementar de forma excesiva la demanda de energía en horas punta.
En cualquier caso, la entrada de petroleras y constructoras en este negocio requeriría un cambio sustancial en la Ley Eléctrica, ya que actualmente la normativa, por imposición europea, no permite la reventa de electricidad. Se trataría de crear una nueva figura, la del «revendedor», que compraría la electricidad a la compañía generadora y se la vendería al usuario final a un precio superior.
Las eléctricas se oponen a este modelo. Su propuesta es que cada usuario instale en su garaje las infraestructuras necesarias para la recarga del coche. De este modo, la operación se realizaría de forma lenta y preferentemente por la noche, con lo que la red no registraría incidentes y el coste para el usuario sería menor, al pagar tarifa nocturna (1,50 euros por cada cien kilómetros).
Para la gente que deja el coche en la calle, la alternativa serían los aparcamientos regulados municipales, donde se instalarían puntos de recarga. El Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, ha obligado a la nueva contrata de estacionamientos públicos de la ciudad a que implante a lo largo de este año veinte parquímetros con capacidad para enchufar cuatro vehículos eléctricos.
Fuente: ABC








